Los ilegales deberían ser excluidos del sistema bancario Deberían ser excluidos de los servicios de transferencia de dinero, hipotecas, asistencia social, servicios sociales, escuelas públicas, y así sucesivamente Sus empleadores deberían enfrentar redadas, cargos criminales, multas, tiempo en prisión, etc. Las auto-deportaciones resultantes resolverían gran parte del problema